TRIBUNAL SUPREMO Sentencias





El Tribunal Supremo es nuestro órgano judicial máximo encargado de interpretar las normas jurídicas que rigen nuestra sociedad, de forma que los justiciables sepan a qué atenerse en cada situación. Labor francamente difícil y que requiere de unas dosis ingentes de conocimiento jurídico con las que, faltaría más, cuentan los magistrados integrantes de dicho Tribunal.


Sin embargo, en determinadas ocasiones, las resoluciones de nuestro Alto Tribunal resultan, cuanto menos, desconcertantes. De sobra es conocido que la lógica más elemental nada tiene que ver con la lógica jurídica y, por ello justamente, nos encontramos con resoluciones no sólo del Tribunal Supremo sino cualquiera de nuestros juzgados y tribunales, ciertamente difíciles de comprender para el lego en derecho. Esto último es lo que sucedió con la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo el día 31 de enero de este año, nº 823/2012.


Para intentar comprender, siquiera mínimamente, el porqué genera dicha resolución desconcierto al ciudadano de a pie debe hacerse necesariamente un pequeño plano de situación. Así, un matrimonio se rompe en el año 2003, con un niño de apenas un año de edad, cuya custodia es atribuida a la madre y, a la par, se autoriza su establecimiento en Estados Unidos, con el correspondiente régimen de visitas y comunicaciones a favor del padre y que no se cumplió por la actitud de la madre. Ante lo reiterado de los incumplimientos por parte de la madre, el padre. Interpuso demanda de modificación de medidas en el año 2005, siéndole atribuida la guarda y custodia del pequeño tanto en primera como en segunda instancia. Y, a comienzos del presente año, resolvió nuestro Alto Tribunal que, aún reconociendo el incumplimiento por parte de la madre, la guarda y custodia del pequeño debe seguir ostentándola la progenitora.


La lógica más elemental, el sentido común creemos que llevaría a pensar a cualquier ciudadano de a pie que si alguien no cumple la ley debe ser castigado. Pero no, la lógica más elemental salta hecha pedazos cuando pasamos a la lógica jurídica, donde todo resulta interpretable, lo que termina generando la zozobra más absoluta. Por ello, no podemos sino preguntarnos: ¿protege el Tribunal Supremo a los niños, protege el tan manido "favor filii"? Pues bien, sin llegar al nivel de conocimiento jurídico e intelectual de nuestros magistrados entendemos que no, "dicho sea con los debidos respetos y en estrictos términos de defensa".


De la lectura de la sentencia de 31 de enero cabrían extraerse varias conclusiones. Una de ellas podría ser, a la vista de como se resuelve la controversia, ¿puede incumplirse una resolución judicial sin consecuencia alguna para el que incumple? La respuesta es que SI, ya que el mismo Tribunal Supremo reconoce como "hecho probado" que la progenitora ha incumplido "totalmente" (también lo reconoce el Ministerio Fiscal, que se opuso al recurso de la progenitora) el régimen de visitas fijado a favor del padre. Por tanto, la inseguridad jurídica que, a priori, genera la resolución es mayúscula: ¿qué sentido tiene una norma jurídica si el órgano judicial encargado de interpretarla dice, casi sIn tapujos, que puede incumplirse?


No estamos en este caso hablando de un incumplimiento puntual o de una diferencia de interpretación entre los progenitores sobre un aspecto puntual de la sentencia. Estamos hablando de un implemento reiterado y prolongado a lo largo de los años, y con un océano, en su sentido literal, de por medio. La madre se marchó a Estados Unidos (con autorización, cierto), pero desde que se estableció allí el padre dejo de tener contacto con su hijo pese a tener derecho a ello, "PRIVÁNDOLE DE MANERA ABSOLUTA DE LA FIGURA PATERNA" , según refiere el primero Tribunal Supremo en el Fundamento Jurídico Primero de la sentencia.


Partiendo de la base de que el propio Tribunal Supremo reconoce el incumplimiento reiterado, continuado, consciente y contrario a derecho por parte de la progenitora, que "priva de manera absoluta de la figura paterna" al niño, podemos llegar a la conclusión de que, para los magistrados de nuestro Alto Tribunal, el valor de las normas jurídicas que ellos mismos deben interpretar es, simple y llanamente, nulo. Es nulo porque, a lo que parece, resulta indiferente cumplir o no con las normas jurídicas si la consecuencia de dicho incumplimiento para quien incumplimiento no existe. Y, en el presente caso, en que el propio Tribunal Supremo reconoce el incumplimiento pero, a la par, avala la actitud de la madre al no proceder al cambio de guarda y custodia del menor y, con ello, perpetuar la "privación de la manera más absoluta de la figura paterna" para el niño y puede suponer una suerte de maltrato institucional hacia el menor. Supone, en la práctica y salvando las distancias obvias, situar a un secuestrado en manos de su secuestrador a perpetuidad, justificando la decisión en que el menor, con un evidente "síndrome de Estocolmo" tras años en manos de ese secuestrador. Todo ello, "dicho sea con los debidos respetos y en estrictos términos de defensa".


Hablar de "síndrome de Estocolmo" y establecer paralelismos entre la sentencia que nos ocupa y un secuestro no es ni mucho menos arriesgados cuando se lee la resolución que nos ocupa. El voto particular de la misma es más que elocuente al respecto, ya que reconoce la actitud obstruccionista de la madre en relación al cumplimiento de las visitas a favor del padre, pero como existe un fuerte vínculo afectivo con la madre (obvio, el menor no ha conocido otra realidad) y el menor se encuentra integrado a la vida en USA, pues no se accede al cambio de guarda y custodia. Nos preguntamos si, recurriendo nuevamente al paralelismo con un secuestro, si a cualquier persona le gustaría estar privar de libertad por el capricho de alguien y, con los años, se avalara la actitud del secuestrador por haberse el secuestrado acostumbrado a su privación de libertad. Tal vez debiera preguntarse al respecto al Sr. Ortega Lara, secuestrado durante más de 500 días...


Justificar que no se accede al cambio de custodia por "no haberse agotado todos los medios disponibles para tratar de conseguir un efectivo cumplimiento del régimen de visitas" es, nuevamente dicho con los respetos que merece nuestro Alto Tribunal, un auténtico despropósito. ¿Qué mejor mecanismo que la interposición de una demanda de modificación de medidas? ¿Qué pretendían nuestros magistrados, que el padre cogiese un avión, viajase a USA y se trajera al niño de vuelta a España, contraviniendo una sentencia judicial? ¿Nos pueden garantizar los magistrados de nuestro Alto Tribunal que sí padre hubiese acudido a la vía penal, cuya característica fundamental es su principio de intervención mínima, que el resultado hubiese variado? La respuesta es un NO rotundo, ya que estamos convencidos que se habría tachado al padre de querellante por haber acudido a los mecanismos penales y no haber empleado la vía civil. El argumento del Tribunal Supremo resulta, simple y llanamente, increíble.


La pregunta clave que nos hacemos con la sentencia de marras es: ¿protege eficazmente el Tribunal Supremo a los menores? En el presente caso, no, en absoluto. Para comprenderlo, hemos de irnos al Fundamento Jurídico Segundo: "La revisión en casación de los casos de guarda y custodia sólo puede realizarse si el juez a quo ha aplicado incorrectamente el principio de protección del interés del menor a la vista de los hechos probados en la sentencia que se recurre". Pues bien, reconociéndose el incumplimiento reiterado de la progenitora del régimen relacional entre padre e hijo, que ha llevado al niño "A LA PRIVACIÓN DE MANERA ABSOLUTA DE LA FIGURA PATERNA", incumplimiento que incluso que la propia madre reconoce en su escrito de casación, ¿puede hablarse de incorrecta aplicación del principio de protección del menor por parte del órgano de instancia y del de apelación? ¿PREFIERE NUESTRO ALTO TRIBUNAL QUE UN MENOR CREZCA SIN UNO DE SUS REFERENTES ANTES QUE CAMBIAR LA SITUACIÓN?


Un resumen simple de la sentencia estudiada llevaría a poder concluir que da igual si una sentencia se incumple o no, es indiferente privar a un menor de uno de sus referentes por otra y gracia de la actitud del otro. El Tribunal Supremo prefiere perpetuar una situación que se reconoce como injusta y contraria a derecho antes que darle solución, justificándose en la adaptación del menor a esa situación, a crecer sin padre.


Por todo ello, y en respuesta a la pregunta que encabeza estas líneas, podemos concluir que nuestro Tribunal Supremo no protege a nuestros niños.

Caducidad acción fraude de paternidad

Tribunal Supremo Sala 1ª, S 18-6-2012, nº 404/2012, rec. 1219/2009

Pte: Seijas Quintana, José Antonio

Resumen:

El TS desestima el recurso de casación antepuesto por la parte demandante, contra la sentencia dictada por la AP, que declaró prescrita la acción, y confirma dicha resolución. El recurrente reclamó los daños físicos y morales causados como consecuencia de la pérdida de dos hijas criadas como tales, y concebidas por los demandados ocultándole tal realidad. Esta Sala entiende que el recurrente pretende alterar los hechos de la sentencia para fijar a su conveniencia el día a partir del cual se determina el cómputo del año de prescripción previsto para la acción de responsabilidad extracontractual. Por ello, pretende que se fije como “ dies a quo “ para la reclamación del daño moral la fecha de la sentencia que resuelve la impugnación de paternidad, por considerar que a partir de ese momento se produjo la pérdida de las hijas, pero no responde a la realidad, conforme a los hechos probados. Pues en el momento en que se dicta dicha sentencia su estado emocional no sufre ninguna alteración, que fuera reseñado en el informe psicológico. Por tanto, el daño moral que se reclama no trae causa de la pérdida legal de las hijas conocida mediante dicha resolución, sino del engaño sobre la forma de concebir a sus dos hijas y el hecho de que tras el divorcio, se fuera la esposa a vivir con el padre biológico, situación que le sumió “en una depresión”, momento a partir del cual se concretó el daño moral padecido y reclamado.

Falta de motivación para denegar la custodia compartida

El Tribunal Supremo anula la Sentencia de la Audiencia Provincial por falta de motivación para denegar la custodia compartida, pues no tiene en cuenta más que de forma retórica el interés del menor. El alto tribunal acoge este modelo de custodia atendiendo a las circunstancia de los progenitores, al informe favorable del Ministerio Fiscal y del equipo técnico.

No acordar la custodia compartida interesada

El TS ratifica la decisión de no acordar la custodia compartida interesada, por no haber quedado acreditado interés de los menores para que pueda acordarse.

El Supremo confirma la sentencia que denegó la custodia compartida interesada y fue atribuida a la madre, entre otras razonas, porque la imposición de ese régimen compartido obliga a los cónyuges a ponerse de acuerdo forzosamente y sucede en el presente caso que el modo que tienen de comunicarse es a través de notas escritas, demostrando además la situación en que se encuentran que priorizan sus propios intereses sobre los de sus dos hijos menores. Señala la Sala que el texto actualmente vigente del Art. 92.8 CC admite la posibilidad de que el juez establezca como forma de protección de los menores, la guarda y custodia compartida, aun cuando no haya sido pedida por ambos progenitores. Y la excepcionalidad a que se refiere el inicio de ese párrafo, debe interpretarse, en relación con el párrafo cinco del propio artículo que admite que se acuerde la guarda y custodia compartida cuando así lo soliciten ambos progenitores o uno con el acuerdo del otro. Si bien, en los casos de desacuerdo de los progenitores ha de existir interés comprobado del menor para que ésta pueda acordarse En el caso presente la decisión de la Audiencia Provincial se considera correcta, pues se ha examinado si el problema del desacuerdo afecta a los menores, concluyéndose que no conviene al interés primordial de éstos que se tome la medida de acordar la guarda y custodia compartida.

La custodia compartida no es excepcional

debe aclararse es que la redacción del artículo 92 "no permite concluir" que la custodia compartida "se trate de una medida excepcional", sino que, "al contrario, debería considerarse la más normal, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible".

USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR; No cabe limitar temporalmente el contenido del art. 96 CC

La Sala estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que, resolviendo sobre guarda y custodia, y regulación de las relaciones paterno filiales, procedió a acordar las medidas procedentes y atribuyó el uso de la que había sido la vivienda familiar de la pareja, al hijo menor de edad hasta que se decidiera sobre la disolución o división de los bienes comunes. El TS entiende que tal limitación temporal respecto al uso de la vivienda familiar vulnera el art. 96 CC, que establece que en defecto de acuerdo, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden, y pese a que se refiere a los supuestos de separación y divorcio se aplica, por analogía, a los procedimientos verbales sobre guarda y custodia; motivo por el cual la atribución del uso de la vivienda familiar, que en definitiva es una forma de protección a los hijos menores, debe aplicarse con independencia del régimen del bien acordado por sus propietarios, sin que pueda condicionarse el derecho de uso al tiempo en que los progenitores ostenten la titularidad sobre el bien.

STS 576/2010 de 1 de Octubre; Sala 1ª

Ponente: Encarnación Roca Trías

El TS decide estimar el recurso de casación y de infracción procesal interpuestos contra la SAP Valencia que no concedió a los padres la custodiacompartida de los hijos, custodia compartida que si fue acordada inicialmente por el Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Valencia.

El padre recurrente sostiene que la sentencia debió contener el análisis del informe del gabinete psicosocial que se pidió en segunda instancia, estimando el Tribunal el motivo por entender que dicho informe debió ser considerado como prueba nueva, por lo que al no haber sido tenida en cuenta se produjo indefensión.

Sobre la casación, indica la Sala que el único motivo que aporta el padre recurrente debe ser igualmente estimado debido a que siempre ha de prevalecer el interés del menor. Del caso de autos se desprenden las circunstancias idóneas para ello ya que, salvo casos excepcionales, permanecer con ambos progenitores en la forma más parecida a la que precedió a la ruptura y solo la adopción de esta medida es la manera de proteger adecuadamente el interés citado, siempre que se den los requisitos necesarios para la adopción de este sistema de guardia y custodia.

Además, indica que la custodia compartida debe acordarse siempre en interés del menor, que es el criterio fundamental a tener en cuenta para tomar esta decisión, criterio que es independiente de las opiniones de quien deba adoptar dicha medida y que debe basarse en razones objetivas. (NOTA: desde mi punto de vista, la sentencia limita (por no decir elimina) el criterio personal del juzgador a la hora de adoptar decisiones sobre menores, algo fundamental para que la tutela judicial sea plenamente efectiva)